El Marco jurídico para la paz está en su recta final

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Fuente de la foto: Diario la Opinión (www.laopinion.com.co)

En las próximas horas los magistrados de la Corte Constitucional decidirán el futuro del Marco Jurídico para la Paz. El fallo definitivo sobre la demanda que cursa en contra de tres expresiones contenidas en los artículos 66 y  67, se sabrá hoy cuando la Corte avale o no la iniciativa. De momento, la balanza se inclina hacia la aprobación de la norma pero con algunas limitantes acerca de los beneficios que recibirían los responsables de delitos de lesa humanidad.

Para la sentencia, los jueces no solo han tenido en cuenta la ponencia del magistrado ponente Jorge Ignacio Pretelt, sino también los diferentes puntos de vista que el pasado 25 de julio se expusieron durante la audiencia pública organizada por la Corte Constitucional. En aquella sesión, el Proyecto de Ley fue respaldado en medio de un debate nacional con detractores y defensores. Así, de las 29 intervenciones, 17 apoyaron la reforma constitucional que pretende facilitar la inserción a la vida civil de los desmovilizados y generar confianza en los grupos insurgentes que participan actualmente en el conflicto armado. Todo con miras a avanzar en el proceso de paz y allanar el camino para la finalización del conflicto armado.

Detractores y defensores

Uno de sus puntos más polémicos y el que más ha tenido rechazo por parte de las organizaciones de la sociedad civil y defensoras de Derecho Humanos, es el que contempla la posibilidad de una concesión de indulto a los acusados de cometer crímenes de lesa humanidad y genocidio, siempre y cuando cumplan con las responsabilidades impuestas al caso específico.

De esta forma, los grupos insurgentes que busquen beneficiarse de éste tratamiento diferenciado, deben dejar inmediatamente las armas, reconocer las responsabilidades que se les imputa, contribuir a la reconstrucción de la verdad mediante sus declaraciones, liberar a los todos los secuestrados que tengan en su poder y desvincular a los menores de edad reclutados de manera forzosa.

Al respecto, el Presidente de la República, Juan Manuel Santos señaló el pasado 25 de julio en la audiencia pública, que nos encontramos ante una oportunidad real de ponerle fin al conflicto armado interno y que es más oportuno centrarse en los máximos responsables ante la imposibilidad de juzgar a todos los involucrados en los crímenes. “Estamos en un momento de decisiones, es una situación que se nos presenta una vez en la vida”.

Del lado contrario, José Miguel Vivanco, director de la ONG internacional Human Rights Watch, ha asegurado que la justicia transicional va en contravía de las normas internacionales y sólo contempla la responsabilidad de los cabecillas de estas organizaciones terroristas, responsables por la comisión de delitos de lesa humanidad y que sistemáticamente han violado los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

Otro grupo detractor de la norma es la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), quienes, en cabeza de Gustavo Gallón, establecieron la demanda contra el acto legislativo. Para Gallón, “los mecanismos de justicia transicional deben aplicarse, no para brindar impunidad, sino para garantizar el máximo nivel de justicia posible”. En defensa de éste tema, el Presidente de la República ha insistido en que “no se trata de sacrificar la justicia para lograr la paz, sino de cómo lograr la paz con un máximo de justicia".

En ese sentido, el fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, defendió el Marco pues según él, en términos de investigación y juzgamiento, se debe atacar las estructuras criminales y los aparatos de poder de las organizaciones criminales.

Priorizar para garantizar

En cuanto a éste tema de la priorización, el texto del artículo 66 dice que “el Congreso de la República, podrá determinar criterios de selección que permitan centrar los esfuerzos en la investigación penal de los máximos responsables de todos los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad, genocidio, o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática; establecer los casos, requisitos y condiciones en los que procedería la suspensión de la ejecución de la pena; establecer los casos en los que proceda la aplicación de sanciones extrajudiciales, de penas alternativas, o de modalidades especiales de ejecución y cumplimiento de la pena; y autorizar la renuncia condicionada a la persecución judicial penal de todos los casos no seleccionados. La ley estatutaria tendrá en cuenta la gravedad y representatividad de los casos para determinar los criterios de selección”.

Las FFMM en el Marco Jurídico para la Paz

En una entrevista ofrecida al periódico El Tiempo, el pasado 7 de abril el ex comandante de las FFMM, General Alejandro Navas, aseguró que con el Marco Jurídico para la Paz no habrá lugar para la impunidad. “Estaríamos dispuestos a recibir una simetría jurídica sin perder la dignidad de soldados de la patria, teniendo en cuenta que los posibles delitos que se hayan cometido ocurrieron en el conflicto”. Añadió que esos beneficios jurídicos para la Fuerza Pública “serían justos y equitativos en una sociedad que busca un equilibrio para construir una paz sólida y duradera”.

El propio presidente Santos ha dicho que la paz y el perdón deben cobijar a todos, incluidos militares y policías. El Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, también lo dejó claro en el mes de abril al decir que “los miembros de las FFMM y de la Policía que tienen condenas por situaciones jurídicas graves, consecuencia de sus actos de servicio en el marco del conflicto también tendrían algún tipo de beneficios jurídicos”. Esto en el caso de que se firme el proceso de paz.

Igualmente, Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador de La Habana, dijo el pasado 5 de abril, en declaraciones a RCN Radio, que el Gobierno nacional no olvidará a quienes entregan su vida e integridad por el país. "El compromiso de Colombia no puede terminar ahí con estos señores que se han jugado la vida por nosotros ", recalcó.

Por su parte, el General (r), Jaime Ruiz Barrera, de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro, pidió en el foro que organizó SEMANA y la Fiscalía General de la Nación el pasado 29 de julio para debatir el tema, que los mismos beneficios que se concedan los grupos insurgentes se apliquen a los militares. "Necesitamos seguridad jurídica para nuestros combatientes", dijo.

Igualmente, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, dijo el pasado 23 de julio en la Cátedra Colombia organizada por la Escuela Superior de Guerra, que el tratamiento diferenciado del Marco Jurídico para la Paz a los participantes del conflicto armado interno, debe beneficiar igualmente a las FFMM. “Es indudable que a los hombres de la Patria que empuñaron las armas en defensa de los derechos de los colombianos y que, por alguna circunstancia, cometieron delitos, se les debe aplicar la justicia transicional con reducciones sustanciales de las penas o penas alternativas”, explicó.

Las últimas declaraciones de Ordóñez al respecto, hacen referencia al artículo 67 transitorio, que trata sobre la participación en política de los grupos guerrilleros. Según el Procurador, en caso de que las farc o cualquier grupo insurgente que negocie con el Gobierno lleguen al Capitolio, la Corte Penal Internacional podría intervenir en el juzgamiento de los guerrilleros que hayan violado el Derecho Internacional Humanitario y que hayan recibido el indulto por parte de la justicia colombiana.

De momento es difícil prever los efectos que puede traer el Marco Jurídico para la Paz en nuestro país. Las experiencias previas que ha tenido Colombia al aplicar una justicia transicional con grupos al margen de la ley -con el M19 en 1989 y con las autodefensas en 2006- han arrojado resultados muy diferentes.

Mientras tanto, como bien dijo el Procurador Ordóñez en la Cátedra Colombia, es importante generar espacios académicos, como los organizados en la ESDEGUE, para debatir éste tipo de temas que contribuyen a conocer de fondo la realidad del país.